A estas alturas, todo el mundo conoce a Inmaculada Alcolea, la excabo de los Mossos de Esquadra que no tiene miedo a expresar sus ideas constitucionalistas dentro de un cuerpo policial politizado y que sigue la línea oficial secesionista. Uno de sus principales enemigos es el líder de los Mossos separatistas, Albert Donaire, del que sufre un acoso judicial con denuncias y querellas constantes, con la ayuda del abogado independentista Benet Salellas, que fue diputado de la CUP en el Parlament y participó en el juicio contra los golpistas.
Quien paga los servicios de los abogados de Donaire es un misterio -o no- pero los costes para Alcolea son inasumibles. Es por este motivo que se ha iniciado una campaña para hacer donaciones y poder ayudar a la ex agente del cuerpo catalán. Puedes aportar tu granito de arena en esta página web. Explica Alcolea que "actualmente tengo más de 31 mil euros en facturas pagadas de minutas de abogados y procuradores x una "fiesta" q me organizó la Generalidad de cataluña, en 2017, con tres expedientes disciplinarios donde, ilegalmente, me tuvo sometida a 16 meses de medidas cautelares (castigos anticipados) y en la que finalmente, tras caducar y volver a iniciar los expedientes por la misma causa, dictó una resolución administrativa con una sanción llena de desproporción y ensañamiento".
Para más inri, la Generalidad de Cataluña ha recurrido en el Tribunal Supremo la sentencia que declaró nulas las medidas cautelares impuestas a la ‘exmosso’. Esto quiere decir que, independientemente de la decisión final del Alto Tribunal, el gobierno regional de Cataluña le obliga a contestar el recurso y, por tanto, a gastarse más dinero con abogados y procuradores. Su parte ya está pagada. La pagamos todos los españoles.
