Hace no muchos años, cuando Pablo Iglesias se autoproclamó el líder del movimiento obrero del 15M, el jarabe democrático servía para 'democratizar' los debates y las críticas a la clase política estaban permitidas y eran útiles para cambiar una situación. Los escraches eran útiles porque transmitían al destinatario de los mismos el descontento del pueblo. Ahora, años después y con los Marqueses convertidos en casta, el escenario ha cambiado.
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El vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero prestarán declaración el próximo 9 de diciembre por videoconferencia con un claro objetivo: enviar a prisión a un ciudadano activista que les criticó: Miguel Frontera Díaz. Contra él se querellaron hace unos meses por los presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Si el procedimiento judicial sigue adelante y no ser archiva, el acusado se enfrenta a una pena de cárcel que puede llegar a los cuatro años, con un mínimo de uno. Según los Marqueses, el activista se subió al muro que separa el Marquesado de la calle con el objetivo de grabar un vídeo del interior del mismo, unas imágenes en las que, sin duda, se vería el bonito jardín con piscina.
